El régimen de facto de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti, es el responsable por el asesinato del joven Pedro Muñoz, encontrado esta mañana en las cercanías de la localidad de El Paraíso, fronteriza con Nicaragua.
Muñoz, de 23 años y de profesión albañil, había llegado al lugar este viernes junto a un grupo de amigos para manifestarse a favor del regreso del presidente legítimo del país, Manuel Zelaya.
La corresponsal de la Agencia Bolivariana de Noticias en Honduras, Emma Grand, confirmó que el muchacho recibió diez puñaladas, en su mayoría en la cabeza, y que en una de sus manos tenía moretones que podrían ser debido a la utilización de esposas.
Esta información fue revelada luego que el médico forense revisara a Muñoz, quien habría sido asesinado a las 4:00 de la madrugada y que en estos momentos está siendo trasladado a Tegucigalpa.
En el terreno baldío donde fue encontrado el cuerpo, también se observaron huellas de un vehículo que habría utilizado el 24 de julio de 2009 la policía para arremeter contra los manifestantes.
Cuando el muchacho fue ingresado a un vehículo para su traslado, los seguidores de Zelaya en El Paraíso formaron un cordón humano tomados de las manos, mientras gritaban “El pueblo unido jamás será vencido”, “Pedro vive, la lucha sigue”, y cantaban el himno nacional.
Los manifestantes también se ubicaron frente al cordón policial que impide pasar hacia la frontera con Nicaragua y les gritaron a los uniformados “asesinos” y “queremos justicia”.
Los amigos de Muñoz relataron que el 24/07/09 a las 3:00 de la tarde salió a buscar madera para encender fuego para pasar la noche y desde entonces no se conoció más su paradero hasta este sábado 25/07/09.
Los seguidores de Zelaya denunciaron que el gobierno de facto y los uniformados ahora comenzarán una campaña para tergiversar el hecho, diciendo que el joven fue asesinado por los propios manifestantes, versión negada de forma rotunda por los manifestantes.
lunes, 27 de julio de 2009
miércoles, 15 de julio de 2009
Cadena perpetua para el ex gobernador de Kigali por el genocidio de Ruanda.
El tribunal de la ONU que juzga a los supuestos responsables del genocidio de Ruanda de 1994 ha condenado al ex gobernador de Kigali a cadena perpetua por cinco cargos, entre ellos el de ordenar la muerte de 60 niños tutsis.
En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) se había acusado a Tharcisse Renzaho de genocidio, complicidad en el genocidio, asesinato y violación en las matanzas de minorías en las que 800.000 tutsis y hutus políticamente moderados fueron asesinados.
La corte le ha encontrado culpable de todos los cargos, excepto del de complicidad con el genocidio.
"Ha sido encarcelado de por vida. Ha sido declarado culpable de cinco cargos, es decir, de genocidio, dos cargos de asesinato por crímenes de lesa humanidad y dos cargos de violación como crímenes de lesa humanidad", explica Danford Mpumilwa, de la oficina de información, desde la ciudad tanzana de Arusha, sede del tribunal.
Los fiscales aseguraron que era uno de los principales autores de la masacre. Su nombre figuraba entre los nueve principales sospechosos por el que el gobierno de EEUU había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que llevara a su arresto.
El tribunal señala que Renzaho, de 65 años, que se declaró inocente de todos los cargos, participó en el genocidio facilitando armamento.
El Tribunal le acusa, junto a otros, de haber ordenado el asesinato de 60 niños tutsis. La Fiscalía asegura que Renzaho estaba en un hotel cercano a Kigali cuanto los tanques comenzaron a disparar contra las casas de los tutsis, matando al menos a 40 personas. Ni siquiera trató de intervenir.
Además, también fue acusado de lanzar mensajes a través de Radio Ruanda en los que pedía a la policía, los soldados y las milicias levantar barricadas para controlar, localizar y matar a los tutsis.
El ex coronel del ejército fue detenido en la República Democrática del Congo en 2002.
Renzaho nació en Kigarama, en el este de Ruanda, se formó como ingeniero en Alemania e hizo su carrera militar en las Fuerzas Armadas Ruandesas.
En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) se había acusado a Tharcisse Renzaho de genocidio, complicidad en el genocidio, asesinato y violación en las matanzas de minorías en las que 800.000 tutsis y hutus políticamente moderados fueron asesinados.
La corte le ha encontrado culpable de todos los cargos, excepto del de complicidad con el genocidio.
"Ha sido encarcelado de por vida. Ha sido declarado culpable de cinco cargos, es decir, de genocidio, dos cargos de asesinato por crímenes de lesa humanidad y dos cargos de violación como crímenes de lesa humanidad", explica Danford Mpumilwa, de la oficina de información, desde la ciudad tanzana de Arusha, sede del tribunal.
Los fiscales aseguraron que era uno de los principales autores de la masacre. Su nombre figuraba entre los nueve principales sospechosos por el que el gobierno de EEUU había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que llevara a su arresto.
El tribunal señala que Renzaho, de 65 años, que se declaró inocente de todos los cargos, participó en el genocidio facilitando armamento.
El Tribunal le acusa, junto a otros, de haber ordenado el asesinato de 60 niños tutsis. La Fiscalía asegura que Renzaho estaba en un hotel cercano a Kigali cuanto los tanques comenzaron a disparar contra las casas de los tutsis, matando al menos a 40 personas. Ni siquiera trató de intervenir.
Además, también fue acusado de lanzar mensajes a través de Radio Ruanda en los que pedía a la policía, los soldados y las milicias levantar barricadas para controlar, localizar y matar a los tutsis.
El ex coronel del ejército fue detenido en la República Democrática del Congo en 2002.
Renzaho nació en Kigarama, en el este de Ruanda, se formó como ingeniero en Alemania e hizo su carrera militar en las Fuerzas Armadas Ruandesas.
lunes, 6 de julio de 2009
Ratifican que las torturas a soldados argentinos en las islas Malvinas son delito de "lesa humanidad"
Un tribunal de apelaciones ratificó dos fallos judiciales que consideran "delitos de lesa humanidad" de carácter "imprescriptible" las torturas sufridas por soldados argentinos por parte de sus superiores durante la guerra de las islas Malvinas, informó hoy el Centro de Ex Combatientes Argentinos.
La Cámara Federal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur del país, rechazó las peticiones de nulidad de procesos en los que más de 70 oficiales y suboficiales del Ejército son acusados de aplicar torturas a soldados durante la guerra que Argentina libró en 1982 con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas.
La decisión del tribunal convalida actuaciones en manos de jueces de Comodoro Rivadavia, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, y de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, que investigan las denuncias de los ex combatientes.
"Estamos avanzando en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en las Malvinas, donde las Fuerzas Armadas utilizaron una doctrina represiva con los soldados", aseguró el ex combatiente Ernesto Alonso en un comunicado de la asociación.
"Muchos compañeros que sufrieron en carne propia estos vejámenes esperan desde hace 27 años que se haga justicia, como así también los familiares de compañeros asesinados y torturados por los propios militares argentinos", subrayó.
En marzo pasado, la jueza de Tierra del Fuego Lilian Herráez dictaminó que son crímenes de lesa humanidad "imprescriptibles" los cargos que afrontan 70 militares acusados por casos de homicidio, abandono de persona, torturas, lesiones graves y reducción a la servidumbre, entre otros delitos.
"Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor", consideró Herráez en su fallo.
Tal fallo había sido apelado después de que el pasado mes de abril la jueza procesara a dos militares retirados por haber torturado a un soldado argentino durante la guerra librada con los británicos entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando se rindieron las tropas del país suramericano.
También había sido apelado un fallo de la jueza Eva Parcio de Selemme, que consideró de "lesa humanidad" los tormentos aplicados por oficiales al soldado Juan Gómez, en una guarnición de Comodoro Rivadavia.
Las investigaciones de estos casos comenzaron en 2005, cuando 22 ex combatientes de las Malvinas demandaron al Ejército por los vejámenes sufridos durante la guerra con el Reino Unido.
En 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y la Coordinadora Provincial de Ex Soldados de Malvinas de ese distrito, situado en el nordeste de Argentina, denunciaron los hechos ante la jueza Herráez.
La guerra de las Malvinas, cuya soberanía está en disputa desde 1833, cuando fueron invadidas por el Reino Unido, dejó 649 muertos en las tropas argentinas y 255 en las británicas.
La Cámara Federal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur del país, rechazó las peticiones de nulidad de procesos en los que más de 70 oficiales y suboficiales del Ejército son acusados de aplicar torturas a soldados durante la guerra que Argentina libró en 1982 con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas.
La decisión del tribunal convalida actuaciones en manos de jueces de Comodoro Rivadavia, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, y de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, que investigan las denuncias de los ex combatientes.
"Estamos avanzando en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en las Malvinas, donde las Fuerzas Armadas utilizaron una doctrina represiva con los soldados", aseguró el ex combatiente Ernesto Alonso en un comunicado de la asociación.
"Muchos compañeros que sufrieron en carne propia estos vejámenes esperan desde hace 27 años que se haga justicia, como así también los familiares de compañeros asesinados y torturados por los propios militares argentinos", subrayó.
En marzo pasado, la jueza de Tierra del Fuego Lilian Herráez dictaminó que son crímenes de lesa humanidad "imprescriptibles" los cargos que afrontan 70 militares acusados por casos de homicidio, abandono de persona, torturas, lesiones graves y reducción a la servidumbre, entre otros delitos.
"Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor", consideró Herráez en su fallo.
Tal fallo había sido apelado después de que el pasado mes de abril la jueza procesara a dos militares retirados por haber torturado a un soldado argentino durante la guerra librada con los británicos entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando se rindieron las tropas del país suramericano.
También había sido apelado un fallo de la jueza Eva Parcio de Selemme, que consideró de "lesa humanidad" los tormentos aplicados por oficiales al soldado Juan Gómez, en una guarnición de Comodoro Rivadavia.
Las investigaciones de estos casos comenzaron en 2005, cuando 22 ex combatientes de las Malvinas demandaron al Ejército por los vejámenes sufridos durante la guerra con el Reino Unido.
En 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y la Coordinadora Provincial de Ex Soldados de Malvinas de ese distrito, situado en el nordeste de Argentina, denunciaron los hechos ante la jueza Herráez.
La guerra de las Malvinas, cuya soberanía está en disputa desde 1833, cuando fueron invadidas por el Reino Unido, dejó 649 muertos en las tropas argentinas y 255 en las británicas.
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