La Alcaldía Metropolitana donó ayer 10 patrullas y 40 motos al municipio.
Por los 2 mil barrios y 40 urbanizaciones del municipio Sucre ruedan desde ayer 70 patrullas y 130 motos de la policía local. Ayer, el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, entregó a su homólogo Carlos Ocariz 50 de esos equipos como parte de su plan conjunto de seguridad.
Ocariz agradeció el aporte y recordó que cuando asumió el mandato, Polisucre contaba con menos de 10 patrullas para resguardar todo el municipio.
El alcalde local aclaró que además 20 de esas nuevas patrullas se adquirieron con un crédito adicional de la Cámara Municipal (cuya mayoría de concejales le adversan), "porque hay que darles su mérito", afirmó en clara alusión a los inconvenientes que tuvo su gestión para contar finalmente con el dinero.
El alcalde Ledezma aseguró que a mediados de febrero aportarían 37 patrullas y 30 motos más. "De donde podamos rasguñar un dinerito para el pueblo, lo vamos a hacer". Esta vez la inversión fue de 26 mil millones de bolívares.
Ledezma recordó que ya habían hecho una donación similar a El Hatillo y que estaba abierto a colaborar con otras jurisdicciones. Con la Alcaldía de Sucre, además, adelanta la construcción del gimnasio vertical más grande de Latinoamérica, en el sector El Dorado, cuyas obras ya se pueden observar desde la avenida Francisco de Miranda a la altura del barrio Campo Rico.
El alcalde metropolitano aclaró que su intención no era interferir con los asuntos de seguridad del municipio, en alusión a las amenazas de intervención de los cuerpos policiales en varias regiones del país por parte del Ejecutivo nacional.
Ocariz afirmó, por su parte, que el balance de 2009 fue de 25% menos homicidios, mientras que en lo que va de año se ha registrado una merma de 35% en el delito. Con respecto a enero del año pasado, aseguró, han bajado en 50% los asesinatos.
Asimismo, dijo que los nuevos equipos serán distribuidos en zonas que la Alcaldía estima más peligrosas: Maca, La Dolorita y Petare Norte y en horarios que considere convenientes.
martes, 2 de febrero de 2010
lunes, 25 de enero de 2010
Siguen creciendo las noticias diciendo que México es el país con mayor cantidad de asesinatos.
El 29 de agosto de 2009, José Reyes Baeza, gobernador del estado de Chihuahua, anunció la desincorporación de militares en los patrullajes efectuados por agentes municipales de Ciudad Juárez. La decisión, dijo, fue tomada por el gobierno federal, cinco meses después de haberse instrumentado.
Se trató de la tercera modificación importante a la estrategia de combate al narco, en año y medio del Operativo Conjunto en esa frontera donde, cinco meses después, el jueves 15 de enero, ha vuelto a cambiarse el plan, sustituyendo a militares con policías federales dentro de la mancha urbana.
“No es sino una ocupación con cambio de uniforme y sin mayor esperanza”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos convertido en uno de los mayores críticos de la guerra proclamada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón.
Con 2 mil 657 asesinatos en 2009 —uno cada tres horas—, Ciudad Juárez se mantuvo como epicentro de la violencia desatada a partir de dicha estrategia. Ahí se contabilizó más de la tercera parte de víctimas, que sumó 7 mil 724 casos.
Los homicidios, concentrados en seis estados con operaciones de alto nivel (Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Guerrero) mantienen su racha ascendente este año: 369 durante los primeros 14 días.
La ofensiva del gobierno federal para recuperar “plazas” bajo dominio criminal ha dejado unas 16 mil 500 muertes violentas desde el comienzo del sexenio, el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con informes de las procuradurías estatales.
Es una cifra con pocos paralelismos en el mundo, incluyendo a naciones bajo verdaderos estados de guerra o con actividad subversivas.
En su informe de 2005, A dossier of civilians casualties in Iraq, los organismos Oxford Research Group e Irak Body Count, contabilizaron un total de 24 mil 865 muertes tras dos años de guerra en Irak. El promedio diario de homicidios en ese lugar era de 34 personas.
En 1999, 35 mil bombardeos durante 10 semanas dejaron en los Balcanes 5 mil soldados muertos y mil 500 civiles. Sendero Luminoso, el grupo terrorista peruano, cobró la vida de 30 mil personas mientras operó entre 1969 y 1992.
Como país, México mantiene una tasa de asesinatos menor a la de otras naciones de la región, 10 por cada 100 mil habitantes. Venezuela registra 48 y Colombia 37. Pero si el comparativo fuera por ciudad, no hay otra con mayor cifra de muertes violentas que Juárez, en donde además la estrategia de combate ha dejado inéditas secuelas de orden criminal.
En Medellín, cifras oficiales indican que hubo mil 431 homicidios en 2009, y mil 384 en Cali. La mayoría de los casos fueron por delincuencia común, dice el estudio Forensis, del Instituto de Medicina Legal y el Fondo de Prevención Vial de Colombia.
Al comienzo de los 90, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Reinaba el capo de mayor poder en la historia, Pablo Escobar. La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes era de 320, 150 más que los registrados en Juárez en 2009.
Después del Medellín de aquella época, no existe registro de otra región más castigada por la narcoviolencia que Ciudad Juárez. En Gomorra, el libro sobre la temible organización criminal de Nápoles, Roberto Saviano ofrece un recuento sobre asesinatos cometidos entre 1979 y 2005: 3 mil 600.
“Generalmente, la sola lucha represiva del narcotráfico y el crimen organizado no basta y puede tener efectos negativos”, dice Umberto Santino, dirigente del Centro de Documentación Guiseppe Impastato de Palermo.
Para el caso mexicano no existen fórmulas mágicas —dice el más notable de los mafiólogos italianos—, pero advierte fallas de estrategia:
“El narcotráfico y crimen organizado son fenómenos complejos que no sólo involucran a criminales de profesión, sino a un sistema vinculado con la sociedad, la economía y la política. Hace falta, por lo tanto, afrontar todos estos aspectos. Desafortunadamente, hasta ahora, sólo se ha operado sobre un frente represivo y el narcotráfico en vez de disminuir, ha aumentado”.
Santino toma el ejemplo de Sicilia, y con ello señala la importancia de entusiasmar a la población con una estrategia de combate criminal, algo que no sucede en México.
“Hasta ahora la más grande experiencia de lucha contra la mafia ha sido el movimiento campesino que luchó por la renovación de la sociedad, enfrentándose con los mafiosos e inclusive contra un sistema de poder del que la misma mafia formó parte”, dice en referencia a la cruzada ciudadana que puso fin al yugo de la mafia en los 50.
Agrega que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, tiene que convocar una lucha más amplia, que llame a la democracia, que luche por una economía social capaz de resolver las necesidades de gran parte de la población”.
La estrategia lanzada por Calderón ha logrado el efecto contrario entre habitantes de zonas flageladas por la violencia.
En junio pasado, una encuesta publicada por El Diario de Juárez dio cuenta del desencanto ciudadano. Tras un año de ocupación de las fuerzas federales, 54.5% consideró que la condición de la violencia estaba peor que en 2008, una desproporción anímica respecto a la respuesta de abril de ese año, cuando nueve de cada 10 residentes dieron su apoyo a militares.
Se agrava la problemática
En Culiacán, Sinaloa, el arribo de militares y agentes federales provocó aumento en la violencia y mayor grado de incertidumbre ciudadana, comenta el analista de fenómenos criminales Vladimir Ramírez.
“Cuando el Presidente declara, hace dos años, la guerra contra los narcotraficantes, lo que en realidad provoca es una segunda guerra. En Sinaloa lo que se tiene es eso: dos guerras, y es por ello que existe un aumento en el número de muertos”.
Ambos frentes de guerra señalados por Ramírez han cobrado numerosas vidas inocentes, lo que devastó el ánimo social.
“La gente vive una especie de levedad, una sensación de indiferencia, lo cual es nuevo para nosotros. Con ello se naturaliza el crimen puesto que se difumina el asombro. Todo esto obedece a un sentido de sobrevivencia. Por eso la gente no se manifiesta. La sensación de que el gobierno fracasó nos ha anestesiado”.
En julio de 2008, nueve civiles murieron durante el ataque al propietario de un taller de carrocería cometido por un grupo armado. En su huida, los criminales toparon con agentes de policía, a quienes también dieron muerte. Entre las víctimas del taller estaba un catedrático de la universidad local y su hijo, además de otros clientes, todos ajenos al negocio de la droga, dijo la procuraduría estatal.
Ramírez comenta que “la dinámica social se trastocó. Las personas ahora cuidan los lugares a los que van en un intento por no caer víctimas de las balas, puesto que ahora se mata sin distingos: mujeres, niños, empresarios, políticos. Eso es una consecuencia de la guerra contra el narco”.
El combate a grupos de narcotraficantes elevó la apuesta de los criminales.
Al amanecer del 8 de octubre de 2009, los primeros conductores que cruzaron por el puente del Distribuidor Vial Morelos, en la carretera Tijuana-Playas, en Baja California, fueron testigos de un cuadro estremecedor.
El cuerpo desnudo de un hombre pendía de una cuerda, visiblemente dañado y con mutilaciones. Los asesinos escenificaron la muerte a poca distancia de una base militar. Horas más tarde, las autoridades identificaron a la víctima. Se trataba de un funcionario estatal.
La exhibición del cadáver fue un acto perturbador. Detrás, sin embargo, se oculta algo más que el simple ejercicio de la violencia perpetrado por un grupo criminal en pugna.
Igual que ocurre en Ciudad Juárez o Culiacán, Tijuana sufre de una escalada de secuestro, extorsiones y asesinatos contra civiles ajenos al negocio de las drogas.
“Ello ha provocado preocupación entre la ciudadanía. Las cifras que se tienen en materia delictiva y de violencia son la causa, y no se ve ninguna posibilidad de que bajen como resultado de una estrategia de gobierno”, comenta Pablo Jesús González, director del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma del estado de Baja California (UABC).
Las principales ciudades del estado se ubican en la frontera con California. Lo mismo que Tijuana, Mexicali y Tecate acusan problemas sociales y de desarrollo desde principios del siglo XX. En escenarios así, González cree que la ofensiva militar puede diezmar las fuerzas criminales, pero no terminará con la raíz del fenómeno.
“El gobierno debería evaluar el alcance de su estrategia reactiva porque el problema es mucho más complejo de lo que se piensa. En las ciudades con fuerte presencia del narco, como Tijuana o Mexicali, no se ha atendido jamás la prevención ni se involucra a la sociedad en proyectos anticrimen. Así que cualquier victoria será relativa”.
Operaciones de corte militar condujeron el martes 12 de enero de 2010 a la captura de Teodoro García Simental, El Teo, presunto líder de una célula del narcotráfico a quien la Secretaría de Seguridad Pública le atribuye al menos 900 asesinatos y secuestros en Baja California.
El arresto fue celebrado no sólo por autoridades mexicanas, sino por la DEA. Pero el investigador de la UABC no comparte el mismo entusiasmo.
“La captura de un capo es un acierto de la autoridad. Sin embargo, al hablar de narco debemos entender que nos referimos a estructuras complejas y habría que medir el impacto que tienen este tipo de detenciones dentro de una organización, lo cual no está haciendo el gobierno”.
En eso coincide Umberto Santino. “El contexto actual de la globalización favorece la economía ilegal, porque agrava los desequilibrios territoriales y sociales y permite la fusión entre capitales legales e ilegales. (…) Las perspectivas no son buenas y por desgracia no hay recetas salvadoras. Lo que viene es un periodo de resistencia, difícil y lleno de incertidumbre”.
Se trató de la tercera modificación importante a la estrategia de combate al narco, en año y medio del Operativo Conjunto en esa frontera donde, cinco meses después, el jueves 15 de enero, ha vuelto a cambiarse el plan, sustituyendo a militares con policías federales dentro de la mancha urbana.
“No es sino una ocupación con cambio de uniforme y sin mayor esperanza”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos convertido en uno de los mayores críticos de la guerra proclamada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón.
Con 2 mil 657 asesinatos en 2009 —uno cada tres horas—, Ciudad Juárez se mantuvo como epicentro de la violencia desatada a partir de dicha estrategia. Ahí se contabilizó más de la tercera parte de víctimas, que sumó 7 mil 724 casos.
Los homicidios, concentrados en seis estados con operaciones de alto nivel (Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Guerrero) mantienen su racha ascendente este año: 369 durante los primeros 14 días.
La ofensiva del gobierno federal para recuperar “plazas” bajo dominio criminal ha dejado unas 16 mil 500 muertes violentas desde el comienzo del sexenio, el 1 de diciembre de 2006, de acuerdo con informes de las procuradurías estatales.
Es una cifra con pocos paralelismos en el mundo, incluyendo a naciones bajo verdaderos estados de guerra o con actividad subversivas.
En su informe de 2005, A dossier of civilians casualties in Iraq, los organismos Oxford Research Group e Irak Body Count, contabilizaron un total de 24 mil 865 muertes tras dos años de guerra en Irak. El promedio diario de homicidios en ese lugar era de 34 personas.
En 1999, 35 mil bombardeos durante 10 semanas dejaron en los Balcanes 5 mil soldados muertos y mil 500 civiles. Sendero Luminoso, el grupo terrorista peruano, cobró la vida de 30 mil personas mientras operó entre 1969 y 1992.
Como país, México mantiene una tasa de asesinatos menor a la de otras naciones de la región, 10 por cada 100 mil habitantes. Venezuela registra 48 y Colombia 37. Pero si el comparativo fuera por ciudad, no hay otra con mayor cifra de muertes violentas que Juárez, en donde además la estrategia de combate ha dejado inéditas secuelas de orden criminal.
En Medellín, cifras oficiales indican que hubo mil 431 homicidios en 2009, y mil 384 en Cali. La mayoría de los casos fueron por delincuencia común, dice el estudio Forensis, del Instituto de Medicina Legal y el Fondo de Prevención Vial de Colombia.
Al comienzo de los 90, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Reinaba el capo de mayor poder en la historia, Pablo Escobar. La tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes era de 320, 150 más que los registrados en Juárez en 2009.
Después del Medellín de aquella época, no existe registro de otra región más castigada por la narcoviolencia que Ciudad Juárez. En Gomorra, el libro sobre la temible organización criminal de Nápoles, Roberto Saviano ofrece un recuento sobre asesinatos cometidos entre 1979 y 2005: 3 mil 600.
“Generalmente, la sola lucha represiva del narcotráfico y el crimen organizado no basta y puede tener efectos negativos”, dice Umberto Santino, dirigente del Centro de Documentación Guiseppe Impastato de Palermo.
Para el caso mexicano no existen fórmulas mágicas —dice el más notable de los mafiólogos italianos—, pero advierte fallas de estrategia:
“El narcotráfico y crimen organizado son fenómenos complejos que no sólo involucran a criminales de profesión, sino a un sistema vinculado con la sociedad, la economía y la política. Hace falta, por lo tanto, afrontar todos estos aspectos. Desafortunadamente, hasta ahora, sólo se ha operado sobre un frente represivo y el narcotráfico en vez de disminuir, ha aumentado”.
Santino toma el ejemplo de Sicilia, y con ello señala la importancia de entusiasmar a la población con una estrategia de combate criminal, algo que no sucede en México.
“Hasta ahora la más grande experiencia de lucha contra la mafia ha sido el movimiento campesino que luchó por la renovación de la sociedad, enfrentándose con los mafiosos e inclusive contra un sistema de poder del que la misma mafia formó parte”, dice en referencia a la cruzada ciudadana que puso fin al yugo de la mafia en los 50.
Agrega que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, tiene que convocar una lucha más amplia, que llame a la democracia, que luche por una economía social capaz de resolver las necesidades de gran parte de la población”.
La estrategia lanzada por Calderón ha logrado el efecto contrario entre habitantes de zonas flageladas por la violencia.
En junio pasado, una encuesta publicada por El Diario de Juárez dio cuenta del desencanto ciudadano. Tras un año de ocupación de las fuerzas federales, 54.5% consideró que la condición de la violencia estaba peor que en 2008, una desproporción anímica respecto a la respuesta de abril de ese año, cuando nueve de cada 10 residentes dieron su apoyo a militares.
Se agrava la problemática
En Culiacán, Sinaloa, el arribo de militares y agentes federales provocó aumento en la violencia y mayor grado de incertidumbre ciudadana, comenta el analista de fenómenos criminales Vladimir Ramírez.
“Cuando el Presidente declara, hace dos años, la guerra contra los narcotraficantes, lo que en realidad provoca es una segunda guerra. En Sinaloa lo que se tiene es eso: dos guerras, y es por ello que existe un aumento en el número de muertos”.
Ambos frentes de guerra señalados por Ramírez han cobrado numerosas vidas inocentes, lo que devastó el ánimo social.
“La gente vive una especie de levedad, una sensación de indiferencia, lo cual es nuevo para nosotros. Con ello se naturaliza el crimen puesto que se difumina el asombro. Todo esto obedece a un sentido de sobrevivencia. Por eso la gente no se manifiesta. La sensación de que el gobierno fracasó nos ha anestesiado”.
En julio de 2008, nueve civiles murieron durante el ataque al propietario de un taller de carrocería cometido por un grupo armado. En su huida, los criminales toparon con agentes de policía, a quienes también dieron muerte. Entre las víctimas del taller estaba un catedrático de la universidad local y su hijo, además de otros clientes, todos ajenos al negocio de la droga, dijo la procuraduría estatal.
Ramírez comenta que “la dinámica social se trastocó. Las personas ahora cuidan los lugares a los que van en un intento por no caer víctimas de las balas, puesto que ahora se mata sin distingos: mujeres, niños, empresarios, políticos. Eso es una consecuencia de la guerra contra el narco”.
El combate a grupos de narcotraficantes elevó la apuesta de los criminales.
Al amanecer del 8 de octubre de 2009, los primeros conductores que cruzaron por el puente del Distribuidor Vial Morelos, en la carretera Tijuana-Playas, en Baja California, fueron testigos de un cuadro estremecedor.
El cuerpo desnudo de un hombre pendía de una cuerda, visiblemente dañado y con mutilaciones. Los asesinos escenificaron la muerte a poca distancia de una base militar. Horas más tarde, las autoridades identificaron a la víctima. Se trataba de un funcionario estatal.
La exhibición del cadáver fue un acto perturbador. Detrás, sin embargo, se oculta algo más que el simple ejercicio de la violencia perpetrado por un grupo criminal en pugna.
Igual que ocurre en Ciudad Juárez o Culiacán, Tijuana sufre de una escalada de secuestro, extorsiones y asesinatos contra civiles ajenos al negocio de las drogas.
“Ello ha provocado preocupación entre la ciudadanía. Las cifras que se tienen en materia delictiva y de violencia son la causa, y no se ve ninguna posibilidad de que bajen como resultado de una estrategia de gobierno”, comenta Pablo Jesús González, director del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma del estado de Baja California (UABC).
Las principales ciudades del estado se ubican en la frontera con California. Lo mismo que Tijuana, Mexicali y Tecate acusan problemas sociales y de desarrollo desde principios del siglo XX. En escenarios así, González cree que la ofensiva militar puede diezmar las fuerzas criminales, pero no terminará con la raíz del fenómeno.
“El gobierno debería evaluar el alcance de su estrategia reactiva porque el problema es mucho más complejo de lo que se piensa. En las ciudades con fuerte presencia del narco, como Tijuana o Mexicali, no se ha atendido jamás la prevención ni se involucra a la sociedad en proyectos anticrimen. Así que cualquier victoria será relativa”.
Operaciones de corte militar condujeron el martes 12 de enero de 2010 a la captura de Teodoro García Simental, El Teo, presunto líder de una célula del narcotráfico a quien la Secretaría de Seguridad Pública le atribuye al menos 900 asesinatos y secuestros en Baja California.
El arresto fue celebrado no sólo por autoridades mexicanas, sino por la DEA. Pero el investigador de la UABC no comparte el mismo entusiasmo.
“La captura de un capo es un acierto de la autoridad. Sin embargo, al hablar de narco debemos entender que nos referimos a estructuras complejas y habría que medir el impacto que tienen este tipo de detenciones dentro de una organización, lo cual no está haciendo el gobierno”.
En eso coincide Umberto Santino. “El contexto actual de la globalización favorece la economía ilegal, porque agrava los desequilibrios territoriales y sociales y permite la fusión entre capitales legales e ilegales. (…) Las perspectivas no son buenas y por desgracia no hay recetas salvadoras. Lo que viene es un periodo de resistencia, difícil y lleno de incertidumbre”.
En todo el mundo se dice: “Antes había justicia, ahora no” ... esto lo dice un familiar de una víctima en Venezuela.
A los familiares de las víctimas del hampa no les queda otra opción que pedir justicia, aunque es una gran incógnita saber si llegará algún día. Resignados y exigiendo que las autoridades encuentren lo antes posible a los asesinos de Álvaro Bello, de 20 años de edad, dolientes de este muchacho se quejaron de la impunidad que hay en el país.
“Antes había justicia, ahora no. Ahora te atracan, te matan y nadie ve nada”, se quejó Angélica Bello.
Parientes del joven taxista que fue asesinado en el sector Hipódromo Sur de Upata, durante la noche del sábado en medio de un atraco, comentaron que momentos después de recibir un disparo en la nuca, “los policías llegaron y se quedaron viéndolo, en vez de buscar a los asesinos que andaban por ahí cerca”, dijo una de las allegadas.
“Mi hermano apenas tenía 20 años y estaba esperando un cupo en la universidad. Él no se metía con nadie y no merecía que le hicieran esto”, dijo otra de las hermanas.
Presos del dolor, los parientes pidieron a las autoridades que lleguen al fondo de las investigaciones e identifiquen a los asesinos, pues tienen sospechas de que los homicidas podrían ser residentes del barrio donde lo asesinaron.
“Ese barrio es zona roja y la gente debe saber quiénes fueron. Es más, mi hermano salió del carro pidiendo auxilio, con un disparo en la nuca, y nadie lo ayudó”, dijo un pariente.
Desde el Cicpc explicaron que después de levantar el cadáver, colectaron algunas evidencias en el carro de la víctima y buscan otras pistas, como huellas de los homicidas y facilitar su captura.
“Antes había justicia, ahora no. Ahora te atracan, te matan y nadie ve nada”, se quejó Angélica Bello.
Parientes del joven taxista que fue asesinado en el sector Hipódromo Sur de Upata, durante la noche del sábado en medio de un atraco, comentaron que momentos después de recibir un disparo en la nuca, “los policías llegaron y se quedaron viéndolo, en vez de buscar a los asesinos que andaban por ahí cerca”, dijo una de las allegadas.
“Mi hermano apenas tenía 20 años y estaba esperando un cupo en la universidad. Él no se metía con nadie y no merecía que le hicieran esto”, dijo otra de las hermanas.
Presos del dolor, los parientes pidieron a las autoridades que lleguen al fondo de las investigaciones e identifiquen a los asesinos, pues tienen sospechas de que los homicidas podrían ser residentes del barrio donde lo asesinaron.
“Ese barrio es zona roja y la gente debe saber quiénes fueron. Es más, mi hermano salió del carro pidiendo auxilio, con un disparo en la nuca, y nadie lo ayudó”, dijo un pariente.
Desde el Cicpc explicaron que después de levantar el cadáver, colectaron algunas evidencias en el carro de la víctima y buscan otras pistas, como huellas de los homicidas y facilitar su captura.
martes, 19 de enero de 2010
México batiendo record con asesinatos por día; con 69 asesinatos en un solo día.
México vivió este sábado la jornada más sangrienta desde que asumió la presidencia Felipe Calderón, a finales de 2006.
Un total de 69 personas fueron asesinadas en todo el país, según el recuento del diario "El Universal".
La mayoría de los crímenes se registraron en el Estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos: 26 cadáveres fueron hallados en Ciudad Juárez (en la foto, la policía retira uno de ellos) y otros 10 en Chihuahua capital.
Según la fiscalía, se trata de ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico.
lunes, 21 de diciembre de 2009
La masacre de septiembre en Guinea fue "crimen contra la humanidad"
La masacre perpetrada el 28 de septiembre en un estadio de la capital de Guinea por el Ejército de ese país constituye un "crimen contra la humanidad", señala un informe difundido este lunes de la comisión de investigación nombrada por la ONU.
"Es razonable concluir que los crímenes perpetrados el 28 de septiembre de 2009 y los días siguientes pueden ser calificados de crímenes contra la humanidad", indica el informe, que fue transmitido al Consejo de Seguridad.
La comisión de investigación estimó que al menos 156 personas murieron o desaparecieron y que al menos 109 mujeres fueron víctimas de violaciones u otras violencias sexuales.
El informe asigna una "responsabilidad penal individual" a varios dirigentes guineanos, entre ellos el jefe de Estado, el capitán Moussa Dadis Camara; su ayuda de campo, el teniente Aboubacar Chérif Diakité, y el ministro encargado de servicios especiales, el comandante Moussa Thégboro Camara.
El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad golpearon, apuñalaron y dispararon a opositores al régimen militar, reunidos en el mayor estadio de la capital, para reclamar que el presidente autoproclamado desde diciembre de 2008, Dadis Camara, no se presente a las próximas elecciones presidenciales.
"Es razonable concluir que los crímenes perpetrados el 28 de septiembre de 2009 y los días siguientes pueden ser calificados de crímenes contra la humanidad", indica el informe, que fue transmitido al Consejo de Seguridad.
La comisión de investigación estimó que al menos 156 personas murieron o desaparecieron y que al menos 109 mujeres fueron víctimas de violaciones u otras violencias sexuales.
El informe asigna una "responsabilidad penal individual" a varios dirigentes guineanos, entre ellos el jefe de Estado, el capitán Moussa Dadis Camara; su ayuda de campo, el teniente Aboubacar Chérif Diakité, y el ministro encargado de servicios especiales, el comandante Moussa Thégboro Camara.
El 28 de septiembre, las fuerzas de seguridad golpearon, apuñalaron y dispararon a opositores al régimen militar, reunidos en el mayor estadio de la capital, para reclamar que el presidente autoproclamado desde diciembre de 2008, Dadis Camara, no se presente a las próximas elecciones presidenciales.
lunes, 14 de diciembre de 2009
40 crímenes al día.
Provea reveló que, entre enero y septiembre de 2009, más de 10 mil personas han sido asesinadas.
La Organización No Gubernamental Provea reveló que, entre enero y septiembre de este año, 10.360 personas han sido asesinadas, lo que indica un promedio de casi 40 crímenes diarios.Esta información se publicó en el Informe Situación de los DDHH en Venezuela, en su vigésima edición.
El coordinador general de Provea, Marino Alvarado, denunció que “la desidia en el Ejecutivo hace que las políticas públicas sigan siendo un fracaso” y esto se demuestra porque, antes de 1999, “se reflejaban avances en los derechos económicos, sociales y culturales”.
La ONG invita a los venezolanos a concentrarse en la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, en el marco del Día Internacional de los DDHH para rechazar el asesinato el pasado 26 de noviembre del defensor de DDHH, Mijail Martínez, y para exigir garantías en el trabajo de los defensores.
martes, 8 de diciembre de 2009
Crimen en Lanús: a la mujer la fusilaron a quemarropa.
Según la Policía, ya tendrían "pistas firmes" sobre los autores del caso y cotejaban huellas dactilares para identificarlos. Igual que ante otros crímenes, la gente salió a reclamar más presencia policial.
El ladrón que mató a Ana María Castro le disparó a quemarropa y por la espalda. Según surgió de la autopsia, apoyó firmemente el caño del arma -un revólver de bajo calibre- debajo de la oreja izquierda de la mujer y apretó el gatillo.
De los asesinos, lo que se sabe es que serían jóvenes que escaparon en un scooter y que poco después robaron otra moto. Los investigadores ya cuentan con identikits de los sospechosos que fueron elaborados por el aporte de varias personas que dijeron verlos antes o inmediatamente después del crimen. Además, anoche se estaban cotejando huellas dactilares halladas en la moto que abandonaron a unas pocas cuadras de la escena de la tragedia y en el auto de la mujer.Ayer, a partir de las seis y media de la tarde, cientos de vecinos se movilizaron ante la Jefatura Departamental de Lanús, a escasos 120 metros del sitio donde mataron a Castro.
Allí reclamaron por mayor seguridad y se quejaron de "los constantes robos" en la zona. Liliana, una vecina de unos 40 años, contó a Clarín que pasó por la vereda donde mataron a Castro "unos minutos antes" del crimen. "Esto es como una ruleta rusa", dijo la mujer.
Los vecinos exigieron hablar con el jefe de la Departamental, el comisario mayor Carlos Giordano, quien salió a la puerta y aunque dijo que los investigadores seguían "pistas firmes" para hallar a los culpables, debió soportar algunos insultos. Una mujer, muy exaltada, lo acusó de ser "un cagón" por no hacer frente a los ladrones. Pero otra le aclaró que no todos pensaban así y lo animó para que pidiera "más medios" a las autoridades para combatir la inseguridad.Una de las quejas más comunes fue que en la zona son frecuentes los robos a los chicos que van al colegio, a los que amenazan con navajas o vidrios para sacarles algunas monedas, las zapatillas o las mochilas.
Luego de gritar consignas como "que se vayan todos", algunos vecinos se reunieron con Giordano dentro del edificio policial. Al salir dijeron que el jefe policial les pidió ayuda para tratar de conseguir mayores recursos humanos y materiales. "Vamos a ir adonde haya que ir", aseguró una mujer.Castro, una bioquímica de 54 años, fue asesinada el domingo a la tarde en la puerta de la casa de unos primos suyos a quien había ido a visitar junto a su marido, un policía retirado de la Bonaerense, con quien vivía en Necochea.Según fuentes del caso, ya estaban en la sobremesa cuando la mujer salió a buscar un diario que había dejado en su Peugeot 307. Entonces dos ladrones en moto la sorprendieron. Todo indica que la intención era robarle el auto.
El superintendente de la zona Sur de la Bonaerense, Mario Valente, explicó que, mediante la declaración de testigos, se logró elaborar sendos identikit de los presuntos autores del homicidio.El crimen ocurrió en Gaebeler al 1200, casi esquina Juncal, de Lanús Este, a una cuadra y media de la Jefatura Departamental de Lanús. La zona está cerca de otras dos localidades donde se produjeron hechos trágicos: el crimen de la arquitecta y catequista Renata Toscano (ocurrido el martes 17 de noviembre en Wilde), y el homicidio de Daniel Capristo (asesinado el 15 de abril cuando se resistió a un robo en la puerta de su casa de Valentín Alsina).
Con relación al crimen de Castro, los investigadores creen que la mujer quiso evitar el robo de su auto y volver a ingresar a la casa. Segundos antes de que le disparan se activó la alarma del coche, aunque no está claro si la mujer lo hizo a propósito o si fue un movimiento involuntario provocado por los nervios. Luego de dispararle, los ladrones le robaron las llaves del auto, pero dejaron el Peugeot en el lugar y huyeron en la moto. Como en el lugar no fue hallada ninguna cápsula servida, los investigadores creen que los ladrones usaron un revólver.
Según Valente, un joven denunció que a seis cuadras del lugar del crimen, que dos jóvenes que se movían en una moto le robaron la suya. Para los investigadores se trataría de los mismos ladrones. Los policías encontraron después una moto abandonada a pocas cuadras del lugar. De este vehículo lograron tomar muestras de huellas que estaban siendo cotejadas. También en la parte trasera del 307 de Castro se hallaron tres huellas dactilares que no pertenecerían ni a ella ni a su esposo.
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